La reforma en materia de disciplina financiera
Por Miguel Angel
Cristiani Glez.
Antes de que el presidente
Enrique Peña Nieto hiciera la presentación de la iniciativa de esta nueva
Reforma en Materia de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y
Municipios del país, acá en el terruño veracruzano, en conferencia de reporteros
madrugadores en palacio de gobierno, el mandatario Javier Duarte de Ochoa
adelantó la información y detalles del estado de la deuda local.
La verdad es que hizo bien en
adelantarse, antes de que los analistas económicos echaran a volar sus
papalotes, el gobernador salió oportunamente a decir a los medios de
comunicación que la iniciativa de reforma “habrá de promover la estabilidad
financiera de las entidades y municipios, al establecer nuevos mecanismos de
seguimiento y control, así como del mantenimiento de finanzas públicas sanas en
todo el país”.
Esta legislación beneficia a
todos sin duda alguna.
Permitirá eficientar el pago de
los servicios de la deuda, mediante la disminución de comisiones, reducción de
tasas y la ampliación de plazos, compartiendo la garantía Federal.
“Para mi Gobierno, mantener
finanzas públicas sanas y al servicio de los veracruzanos ha sido nuestro
permanente compromiso”.
Quiero destacar que la deuda es
de conocimiento público y fue debidamente autorizada por el Honorable Congreso
del Estado.
El monto de deuda pública
asciende a 44, 470.8 millones de pesos que incluye al estado y a los
municipios.
“Quiero subrayar, que durante mi
administración lo único que se ha solicitado ha sido la reestructuración de la
deuda que ya existía, reconociendo los pasivos de la administración pasada al
convertirlos en deuda pública de largo plazo”.
Al filo del mediodía, tal como lo
anunció el gobernador Javier Duarte de Ochoa a las siete de la mañana, se
presentó la iniciativa de reforma que ya fue enviada al Congreso de la Unión
para su discusión y en su caso aprobación.
La iniciativa propone el marco
normativo para que las entidades federativas, municipios y entes públicos
locales, “hagan suyos los principios de responsabilidad hacendaria y aseguren
la sostenibilidad de sus finanzas públicas a partir de cinco componentes”:
Primer componente. Reglas y
estándares de disciplina financiera.
La iniciativa propone diversas
medidas para asegurar un manejo responsable, eficiente y prudente de las
finanzas públicas.
Como ocurre desde hace años en el
orden Federal, establece, por ejemplo, diversos mecanismos de medición y
control del balance fiscal de los estados y municipios.
Es decir, busca que los ingresos
y egresos que hay en las entidades federativas estén en un sano equilibrio.
Igualmente, propone otras medidas
prudenciales: limitar el crecimiento del gasto en servicios personales, aportar
recursos a fideicomisos para atender eventuales desastres naturales, priorizar
la utilización de ingresos excedentes en la amortización de deuda y fortalecer
la planeación financiera y la ejecución de proyectos de inversión.
Segundo componente. Nuevas
obligaciones para la contratación responsable de deuda.
Este nuevo ordenamiento no
prohíbe que los estados, eventualmente, recurran a la contratación de deuda,
pero establece principios y lineamientos para que lo hagan de forma mucho más
ordenada y con responsabilidad, frente a las condiciones que mantenga su
hacienda pública.
Por ejemplo, “los créditos sólo
podrán contratarse con la institución financiera que ofrezca las mejores
condiciones de mercado. Además, esta contratación forzosamente requerirá de la
aprobación de la mayoría calificada en la Legislatura estatal correspondiente”.
Asimismo, la deuda pública deberá
transparentarse y destinarse, exclusivamente, a inversión pública o a mejorar
el perfil crediticio del gobierno solicitante.
Además, los créditos de liquidez
de corto plazo tendrán que ser saldados, al menos, tres meses antes de que
concluya la administración que lo solicite.
De esta manera estaremos evitando
que cuando un gobierno está a punto de concluir su gestión, adquiera o contrate
nuevos empréstitos, contrate deuda que tenga que dejar para el pago, sobre todo
aquellos de corto plazo, de las administraciones que vengan hacia adelante.
Tercer componente. Es la creación
del Registro Público Único, previsto en la reforma constitucional; en él los
gobiernos estatales y municipales, así como los organismos públicos locales,
deberán inscribir y transparentar todas sus obligaciones financieras,
incluyendo las contratadas bajo esquemas de asociación público-privada.
Además, este registro se
actualizará oportunamente y su información podrá ser consultada por los
ciudadanos en las páginas de Internet o de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Cuarto componente. El
establecimiento del sistema de alertas de deuda pública de entidades
federativas, municipios y entes locales, contemplado en la reforma
constitucional.
Se trata de un esquema de
indicadores que permitirá identificar y distinguir a los estados y municipios
conforme a sus niveles de endeudamiento.
Esta innovadora herramienta de
transparencia, no sólo será útil para advertir elevados niveles de
endeudamiento y tomar medidas correctivas, también facilitará el acceso a
créditos con menores costos y en mejores condiciones a los gobiernos locales
con bajos niveles de deuda.
Y quinto componente. Es la
oportunidad para que estados y municipios puedan obtener créditos con el aval
de la Federación.
Y en este sentido la iniciativa
de ley establece los procedimientos y condiciones que deberán cubrir los
gobiernos locales para contar con una deuda estatal garantizada; es decir,
deuda con la garantía de la Federación, similar a la que goza el gobierno del
Distrito Federal, desde hace muchos años.
La importancia de este mecanismo
es que permitirá reducir el costo de financiamiento de los gobiernos estatales
y municipales, al tiempo que las administraciones se comprometen a fortalecer
su solidez financiera.
Esto es así, toda vez que el
acceso a deuda estatal garantizada requerirá forzosamente de un convenio con la
Federación, aprobado por la Legislatura local, en el que asumen obligaciones
puntuales de responsabilidad hacendaria.
Con estos cinco componentes la
Iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, representa un paso fundamental en favor de la responsabilidad
hacendaria en todos los órdenes de Gobierno.
Advierte el filósofo del pueblo
Pancho López: que la iniciativa de ley de Peña Nieto seguramente será aprobada,
ahora falta esperar a que sea aplicada y no como tantas otras, que solo son
catálogos de buenos deseos.
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