Justificar lo injustificable
Por Miguel Angel Cristiani Glez.
Terminó este jueves el plazo que
tiene el ORFIS para entregar los resultados de los recursos de reconsideración
que interpusieron 21 entes, que recibieron observaciones por el manejo de la
cuenta pública, correspondiente al año 2013, quienes tienen que justificar un
daño patrimonial por 453 millones 797 mil 572 pesos.
El siguiente paso a seguir es el
que la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado que encabeza el diputado
Francisco Garrido Sánchez presente las denuncias correspondientes ante la Fiscalía
de Justicia del estado para que se proceda a detener a los responsables.
Hay que destacar el hecho, de que
las observaciones a la cuenta pública de ayuntamientos y organismos públicos
corresponden al año 2013 y dos años después, en agosto del 2015 todavía es la
hora que no se procede penalmente contra los responsables del desvío de
recursos públicos millonarios.
Eso se debe en gran parte, a las
leyes, normas y reglamentos que se tienen que aplicar para supervisar el
correcto manejo de los recursos y presupuestos de que disponen algunas
autoridades.
Pero lo lento y tardado de la
aplicación de la justicia, nos demuestra que tal parece que lo que se trata de
de proteger a quienes comenten irregularidades en el correcto uso de los
presupuestos.
Se supone que con las
modificaciones recientes a la ley, ahora se podrán practicar auditorias en
cualquier momento, no esperar uno o dos años, para que se puedan aclarar las
cuentas de los recursos públicos.
No es justificable, el que se
tengan que dar tantos plazos y oportunidades a los funcionarios responsables del
manejo de los presupuestos.
Si las cuentas están en orden y
correctamente aplicadas, no se debería de dar tantos tiempos y oportunidades
para “justificar” y “reconsiderar” lo que al final de cuentas es
injustificable, el desvío y el mal manejo de los dineros.
En total fueron 21 los entes
–municipios y el túnel sumergido en Coatzacoalcos- quienes presentaron el
recurso de reconsideración: Ixhuatlán del Sureste, Chiconamel, Cosautlán de
Carvajal, Tempoal, Xico, Mecatlán, Hueyapan de Ocampo, Moloacán, Zentla,
Alvarado, Tlilapan, Tlalixcoyan, Acultzingo, Castillo de Teayo, Vega de
Alatorre, Altotonga, Yanga, Cerro Azul, Tezonapa, José Azueta y el Fideicomiso
Túnel Sumergido.
Quienes de plano ya ni promovieron recursos
fueron los municipios de Lerdo de Tejada, Tlacojalpan y Pajapan.
El hecho de que se les brinden tantas
oportunidades a los ayuntamientos y organismos públicos que manejan recursos
públicos, para maquillar y pretender aclarar las cuentas, a quienes al final de
un largo proceso, puedan actuar impunemente, es lo que origina que se sigan
cometiendo esas irregularidades.
Las cuentas y los números son
exactos, dos más dos son cuatro y no pueden ser uno.
Si existen irregularidades y
malos manejos, detectados con oportunidad, de igual forma se debe de proceder a
castigar el daño y no esperar a que transcurran plazos y más plazos, cuando
como ocurre ahora, los que estaban como funcionarios ya no están.
En el manejo de los recursos
públicos y presupuestos, no se puede permitir la impunidad.
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