La reforma en materia de disciplina financiera

 

Por Miguel Angel Cristiani Glez.

 

Antes de que el presidente Enrique Peña Nieto hiciera la presentación de la iniciativa de esta nueva Reforma en Materia de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios del país, acá en el terruño veracruzano, en conferencia de reporteros madrugadores en palacio de gobierno, el mandatario Javier Duarte de Ochoa adelantó la información y detalles del estado de la deuda local.

La verdad es que hizo bien en adelantarse, antes de que los analistas económicos echaran a volar sus papalotes, el gobernador salió oportunamente a decir a los medios de comunicación que la iniciativa de reforma “habrá de promover la estabilidad financiera de las entidades y municipios, al establecer nuevos mecanismos de seguimiento y control, así como del mantenimiento de finanzas públicas sanas en todo el país”.

Esta legislación beneficia a todos sin duda alguna.

Permitirá eficientar el pago de los servicios de la deuda, mediante la disminución de comisiones, reducción de tasas y la ampliación de plazos, compartiendo la garantía Federal.

“Para mi Gobierno, mantener finanzas públicas sanas y al servicio de los veracruzanos ha sido nuestro permanente compromiso”. 

Quiero destacar que la deuda es de conocimiento público y fue debidamente autorizada por el Honorable Congreso del Estado.

El monto de deuda pública asciende a 44, 470.8 millones de pesos que incluye al estado y a los municipios.

“Quiero subrayar, que durante mi administración lo único que se ha solicitado ha sido la reestructuración de la deuda que ya existía, reconociendo los pasivos de la administración pasada al convertirlos en deuda pública de largo plazo”.

Al filo del mediodía, tal como lo anunció el gobernador Javier Duarte de Ochoa a las siete de la mañana, se presentó la iniciativa de reforma que ya fue enviada al Congreso de la Unión para su discusión y en su caso aprobación.

La iniciativa propone el marco normativo para que las entidades federativas, municipios y entes públicos locales, “hagan suyos los principios de responsabilidad hacendaria y aseguren la sostenibilidad de sus finanzas públicas a partir de cinco componentes”:

Primer componente. Reglas y estándares de disciplina financiera.

La iniciativa propone diversas medidas para asegurar un manejo responsable, eficiente y prudente de las finanzas públicas.

Como ocurre desde hace años en el orden Federal, establece, por ejemplo, diversos mecanismos de medición y control del balance fiscal de los estados y municipios.

Es decir, busca que los ingresos y egresos que hay en las entidades federativas estén en un sano equilibrio.

Igualmente, propone otras medidas prudenciales: limitar el crecimiento del gasto en servicios personales, aportar recursos a fideicomisos para atender eventuales desastres naturales, priorizar la utilización de ingresos excedentes en la amortización de deuda y fortalecer la planeación financiera y la ejecución de proyectos de inversión.

Segundo componente. Nuevas obligaciones para la contratación responsable de deuda.

Este nuevo ordenamiento no prohíbe que los estados, eventualmente, recurran a la contratación de deuda, pero establece principios y lineamientos para que lo hagan de forma mucho más ordenada y con responsabilidad, frente a las condiciones que mantenga su hacienda pública.

Por ejemplo, “los créditos sólo podrán contratarse con la institución financiera que ofrezca las mejores condiciones de mercado. Además, esta contratación forzosamente requerirá de la aprobación de la mayoría calificada en la Legislatura estatal correspondiente”.

Asimismo, la deuda pública deberá transparentarse y destinarse, exclusivamente, a inversión pública o a mejorar el perfil crediticio del gobierno solicitante.

Además, los créditos de liquidez de corto plazo tendrán que ser saldados, al menos, tres meses antes de que concluya la administración que lo solicite.

De esta manera estaremos evitando que cuando un gobierno está a punto de concluir su gestión, adquiera o contrate nuevos empréstitos, contrate deuda que tenga que dejar para el pago, sobre todo aquellos de corto plazo, de las administraciones que vengan hacia adelante.

Tercer componente. Es la creación del Registro Público Único, previsto en la reforma constitucional; en él los gobiernos estatales y municipales, así como los organismos públicos locales, deberán inscribir y transparentar todas sus obligaciones financieras, incluyendo las contratadas bajo esquemas de asociación público-privada.

Además, este registro se actualizará oportunamente y su información podrá ser consultada por los ciudadanos en las páginas de Internet o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Cuarto componente. El establecimiento del sistema de alertas de deuda pública de entidades federativas, municipios y entes locales, contemplado en la reforma constitucional.

Se trata de un esquema de indicadores que permitirá identificar y distinguir a los estados y municipios conforme a sus niveles de endeudamiento.

Esta innovadora herramienta de transparencia, no sólo será útil para advertir elevados niveles de endeudamiento y tomar medidas correctivas, también facilitará el acceso a créditos con menores costos y en mejores condiciones a los gobiernos locales con bajos niveles de deuda.

Y quinto componente. Es la oportunidad para que estados y municipios puedan obtener créditos con el aval de la Federación.

Y en este sentido la iniciativa de ley establece los procedimientos y condiciones que deberán cubrir los gobiernos locales para contar con una deuda estatal garantizada; es decir, deuda con la garantía de la Federación, similar a la que goza el gobierno del Distrito Federal, desde hace muchos años.

La importancia de este mecanismo es que permitirá reducir el costo de financiamiento de los gobiernos estatales y municipales, al tiempo que las administraciones se comprometen a fortalecer su solidez financiera.

Esto es así, toda vez que el acceso a deuda estatal garantizada requerirá forzosamente de un convenio con la Federación, aprobado por la Legislatura local, en el que asumen obligaciones puntuales de responsabilidad hacendaria.

Con estos cinco componentes la Iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, representa un paso fundamental en favor de la responsabilidad hacendaria en todos los órdenes de Gobierno.

 

Advierte el filósofo del pueblo Pancho López: que la iniciativa de ley de Peña Nieto seguramente será aprobada, ahora falta esperar a que sea aplicada y no como tantas otras, que solo son catálogos de buenos deseos.

 

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