Quitar privilegios a diputados

Por Miguel Angel Cristiani G.


Ahora que tendremos elecciones de diputados locales –aunque sean también tan solo por dos años- conviene tener en cuenta las propuestas que están circulando en las redes sociales para quitar privilegios que se otorgan y pagan a nuestros legisladores federales pero que en buena parte también son aplicables a los estatales.

Solicitamos una enmienda a la Constitución Mexicana que considere el sentir del pueblo de México hacia el derroche irresponsable en un Congreso que no sirve para lo que fue creado, (para que las leyes y constitución realmente representen y defiendan al pueblo de México del abuso del poder).

Los mexicanos exigimos estas reformas:

1.    El diputado será Asalariado Solamente durante su mandato. Y no tendrá jubilación proveniente del mandato.

2.    Todo el mundo (pasado, presente y futuro) actualmente en el fondo de jubilación del Congreso pasará al régimen vigente de la Seguridad Social inmediatamente. El diputado participará únicamente de los beneficios dentro del régimen de la Seguridad Social exactamente como todos los demás ciudadanos. El fondo de jubilación no puede ser usado para ninguna otra finalidad.


3.    El diputado debe pagar su plan de jubilación, como todos los mexicanos.

4.    El diputado dejará de votar su propio aumento de salario.  Mismo que no excederá del doble del porcentaje que haya  en el salario mínimo del DF o nacional. Y bajo ninguna causa podrá aprobarse más de 5 Bonos Adicionales durante un año y estos nunca excederán de 5 Salarios Mínimos.


5.    El diputado dejará su seguro actual de salud y participará del mismo sistema de salud que los demás ciudadanos Mexicanos.

6.    El Aguinaldo es un logro Sindical propio de la Clase Obrera Trabajadora, por lo tanto deberá derogarse el Aguinaldo a los Diputados toda vez que No Son Trabajadores, sino Servidor Público por elección...


7.- El Diputado debe cumplir igualmente las mismas leyes que el resto de los mexicanos, por lo tanto deberá Derogarse el Fuero

8.- Servir en el Congreso es un Honor, No una Carrera. Los diputados deben cumplir sus mandatos (2 legislaturas como máximo), después irse a casa y buscar empleo según sus propias capacidades y aptitudes.

9.- Al Diputado tendrán que aplicársele exámenes de conocimientos, aptitudes, psicológicos y toxicológicos, periódicamente antes y durante su cargo.

10.- Cada vez que vote cada Diputado en el Congreso, deberá ser publicado en los medios de difusión.

11.- Los Diputados y sus familiares directos, no podrán salir del país, salvo causas extremas, asimismo se deberá publicar el motivo y duración de su ausencia en los medios de mayor difusión.

Pasa este mensaje a un mínimo de veinte personas, en tres días la mayoría de los mexicanos recibirán este mensaje.  La hora para esta enmienda a la Constitución es ahora....

Yo agregaría:

También hay que votar por la modificación de las leyes al respecto que los presidentes de México no sean jubilados por 6 años de servicio.

A los trabajadores para jubilarnos nos exigen de 25, 30, 35 y 40 años de servicio. Y/o 55, 60 o 65 años de edad.

No debemos continuar manteniendo a quienes legislan leyes en contra del pueblo.




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Los candidatos no registrados

Por Miguel Ángel Cristiani G.

Mucho se ha hablado acerca de los candidatos a gobernador del estado de Veracruz por parte de los diversos partidos, así como de los llamados candidatos Independientes –que más bien son dependientes de lo que les den- pero de lo que no se ha escrito ni comentado casi nada es del otro tipo de candidatos, que son los candidatos ciudadanos no registrados pero por los que igualmente se puede votar.

Sin embargo, los llamados candidatos ciudadanos no registrados, son otra opción para votar sobre todo cuando los electores ya están cansados de los partidos políticos tradicionales y no confían tampoco en quienes se autodenominan candidatos Independientes.

Por eso es que en las papeletas electorales aparece un espacio en el que se pude anotar el nombre de alguna persona que no forzosamente haya tenido que ser registrado como candidato o aspirante a un puesto de elección popular y así luego aparecen votos con los nombres de personajes como Cantinflas o el Santo o muchos otros.

Al respecto del tema de las candidaturas no registradas, nuestro amigo León Ignacio Ruiz Ponce Cierto nos comenta que: en diversos medios, reuniones, pasillos, café, eventos y constantemente vengo haciendo notar mis aspiraciones, como candidato ciudadano no registrado a la gubernatura del estado.

“Deseo hacer notar que no estoy a favor de las candidaturas independientes como se vienen reglamentando hasta hoy, ya que se observa una serie de medidas o condiciones que puede considerarse como indebidas, o inequitativas en sus derechos y oportunidades políticas y ciudadanas, por ello, al observar que casi resultan imposibles en tiempo y forma  para los ciudadanos, que desde que tienen que fundar su propio partido, parece ser más dependientes que independientes, alabo y reconozco el valor de las acciones tomadas por varios ciudadanos y la apertura democrática que se da en la reforma política, más en la máxima ley se preserva el derecho humano a votar y ser votado, cualquier persona (cierta) puede votar y ser votado por lo que cabe señalar que de conformidad con el glosario de términos del Tribunal Electoral del Poder Judicial dela Federación, candidato no registrado “Es el aspirante a un cargo de elección popular o una persona que sin haberse registrado como candidato para una determinada elección, recibe los sufragios de los ciudadanos que simpatizan con él, en el espacio destinado a candidatos o fórmulas no registradas que aparece en las boletas electorales” por lo que en ese sentido, cualquier ciudadano puede promoverse en tiempos electorales como un candidato no registrado.

En este caso se aplican en los artículos que el Código Veracruzano establece entre otras, la figura de candidatos no registrados.

En cuanto a las interrogantes de cómo se debe votar en el recuadro de candidatos no registrados y sí se debe cruzar el espacio, además de anotar el nombre del candidato no registrado, me permito comentar que el artículo 279, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que una vez comprobado que el elector aparece en las listas nominales y que haya exhibido su credencial para votar se le entregarán las boletas de las elecciones para que libremente y en secreto, marque en la boleta únicamente el cuadro correspondiente al partido político por el que sufraga, o anote el nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto.

Todo esto con el ánimo de ubicar que el suscrito promueve las candidaturas no registradas que contempla el código 577 vigente en este proceso electoral en los artículos 197 g, 206 V, 214 V, 215 I así como insistir en que en Veracruz, como en México, tenemos tres tipos de candidaturas: Oficiales, (de los Partidos), Independientes y No registradas (ciudadanas)”.

Cuestiona el filósofo del pueblo Pancho López si el “cristalazo” fue advertencia, amenaza o simple robo.


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Espectacular autopromoción de funcionarios

Por Miguel Angel Cristiani Glez.

Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíben expresamente a los funcionarios públicos el hacer publicidad y promoción personal desde sus cargos, en el Estado de Veracruz, pareciera que no existe autoridad que se encargue de vigilar y hacer que se cumpla con dichos ordenamientos jurídicos.

Ahora que muchos de los funcionarios públicos están sufriendo las calenturas de la “candidatitis” –todo mundo quiere ser gobernador del estado, aunque sea por dos años y diputados locales en la próxima Legislatura- han estado apareciendo anuncios espectaculares a lo largo y ancho de la entidad, en donde funcionarios estatales y municipales están “promoviendo su imagen” como la mejor opción para resolver los problemas que aquejan a los Veracruzanos.

Posiblemente el caso más notable, sea el de la alcaldesa de Paso de Ovejas, Ana Rosa Valdés quien mandó a tapizar la carretera desde Xalapa hasta el puerto de Veracruz, con cerca de 20 espectaculares en el que supuestamente es la publicidad de una revista, que “casualmente” publica un reportaje sobre la presidenta municipal.

En la mitad de los espectaculares, aparece la foto de la alcaldesa con la leyenda “Juntos logramos tus objetivos, vamos con paso firme” Segundo Informe de Gobierno 2005.

Ni el gobierno del estado de Veracruz, con todos sus recursos, tiene tantos espectaculares en el mismo espacio que la presidenta municipal.

Pero ese no es el único caso, basta con hacer un recorrido por carreteras veracruzanas, para ver los espectaculares que han contratados otros funcionarios estatales y municipales.

Se supone que nos encontramos en pleno proceso electoral –que ya inició formalmente- pero al parecer ni el OPLE, ni el Tribunal Electoral, ni el ORFIS, ni el Congreso del Estado, se han percatado de que están violando fragantemente la Constitución y las normas en materia electoral, los funcionarios que están mandando a poner esos anuncios que en realidad lo único que hacen es despertar el coraje de los veracruzanos, que reprueban ese derroche de dinero.

No creemos que las autoridades encargadas de vigilar la difusión y publicidad de los funcionarios públicos desconozcan lo que establece el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

Como también parece que ignoran el contenido del Artículo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales:

“1. Para el desempeño de sus funciones las autoridades electorales establecidas por la Constitución y este Código, contarán con el apoyo y colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales.

2. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.

Comenta Pancho López, el filósofo del pueblo que no es posible que el aparato electoral, que cuesta millones de pesos, no pueda sancionar las ambiciones de quienes están gastando miles de pesos –seguramente que no de sus bolsillos- en auto promover su imagen de políticos nobles.


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Aviadores en la SEV ¿y las otras dependencias?




Por Miguel Angel Cristiani Glez.

¿Cuántas veces hemos escuchado la ya famosa frase de “se aplicará todo el rigor de la Ley, no habrá tolerancia ni impunidad para nadie” al anunciar alguna investigación luego de que se ha cometido algún grave delito? Pero lamentablemente en la mayoría de esos casos, ahí queda todo, en una mediática declaración del funcionario público, sin que se llegue a castigar a los responsables.

Eso, como dirían en mi pueblo, aquí y en China, se llama impunidad, solo que aquí no se les castiga igual, pues mientras aquí se les premia con otros cargos, allá se les ejecuta frente a un pelotón de fusilamiento.

Lo anterior viene a colación, ahora que con el nuevo marco legislativo de la Reforma Educativa se pudo detectar y dejar de pagar a 2 mil 173 aviadores que cobraban en las nóminas de la SEV sin trabajar, lo que significa un agravio al erario público de 815.3 millones de pesos anuales.

De ese tamaño y de esa dimensión es el tema de los llamados “aviadores” en la Secretaría de Educación de Veracruz, en el que el Contralor General del Estado, Ricardo García Guzmán ha anunciado que habrá “cero tolerancia e impunidad en el asunto.

“Vamos a aplicar, en donde haya trasgresión de la Ley, desde amonestaciones hasta denuncias penales” igualito que se ha dicho ya en otras ocasiones contra funcionarios públicos que han desviado recursos.

En el caso de los llamados aviadores de la SEV el Contralor General del Estado aseguró que en su momento se informará de manera detallada sobre los casos descubiertos, pero ahora se realizan las investigaciones en particular en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

“El Contralor Interno está, junto con el equipo de trabajo y el apoyo de otros compañeros auditores, en un recorrido por todos los centros del territorio veracruzano en materia de educación”.

García Guzmán aseguró que los casos encontrados como “aviadores” son los que dio a conocer el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, y un gran número de ellos han sido cesados; enfatizó que el asunto sólo es una de las aristas a las que da seguimiento la CGE, pues se labora en un programa integral.

García Guzmán reiteró que la investigación se basa en información fehaciente, documentada y certificada, y que a partir de ahí se procederá a aplicar la Ley.

Efectivamente el tema de los aviadores no es noticia nueva, desde hace ya varios sexenios, es bien sabido que la SEV –por el tamaño de la nómina que maneja- ha sido el reducto favorito para acomodar a familiares, amigos, parientes y hasta periodistas del poder en turno.

Pero si finalmente se ha tomado la decisión de poner fin a esa situación que representa dejar de sangrar al presupuesto estatal con 815.3 millones de pesos al año, se debería de ampliar la investigación no solo a las dependencias de la SEV, sino abarcar a otras instituciones en donde se tiene conocimiento de la existencia de esa real fuerza aérea.

Para no ir muy lejos, en la Universidad Veracruzana, esa cuyas autoridades exigen el pago de cantidades millonarias, se tiene conocimiento de que nada más en la presente administración son más de mil los “recomendados” que han ido a engrosar las nóminas.

Nosotros no somos auditores ni contralores, pero nos imaginamos que sería muy saludable, que se hiciera una revisión en el área de Recursos Humanos, para conocer en principio los nombres de familiares, amigas, parientes, comadres y demás, que han sido dados de alta en las distintas dependencias.

Aprovechando el viaje, también sería conveniente revisar cuántos “centros de estudios e investigación” han sido creados recientemente para albergar a toda esa runfla de recomendados.

Seguramente que en muchos de esos casos de recomendados, no cumplen con el perfil necesario y menos la capacidad, para ocupar esas plazas, que son mucho mejor pagadas que las de los maestros de educación primaria, con lo que se podrían evitar tener que pagar muchos millones de pesos como ocurrió finalmente en la Secretaría de Educación.

Recomienda Pancho López, el filósofo del pueblo que ahora que al parecer la Contraloría General del Estado a cargo de Ricardo García Guzmán se ha puesto a trabajar, lo que debería de hacer permanentemente, sería conveniente que ampliara su investigación, no solo al sector educativo, sino también a otras secretarías y dependencias, en donde también están infiltrados aviadores.


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